Fraude cripto en la FinCEN: qué muestran de verdad 33.904 declaraciones y 12.700 millones de dólares

La FinCEN ha presentado un análisis de tendencias financieras que llama la atención sobre el fraude cripto: 33.904 declaraciones con cerca de 12.700 millones de dólares de actividad financiera declarada en torno al fraude a la inversión en activos digitales. La prensa suele redondear esas cifras a 33.000 declaraciones y 13.000 millones de dólares. La FinCEN es la autoridad estadounidense encargada de combatir la criminalidad financiera y para ello explota los datos declarativos de todo el sector financiero. ¿Qué dicen realmente estas declaraciones sobre los centros de estafa, las estafas cripto y los posibles flujos de dinero, y qué no dicen? Una aclaración previa: las criptomonedas en su conjunto no están bajo sospecha general. Lo que se analiza son actividades declaradas y consideradas sospechosas en contextos de riesgo concretos.

Las cifras son una señal de riesgo, no un balance de daños

El análisis de la FinCEN se basa en declaraciones BSA, es decir, las previstas por la Bank Secrecy Act, presentadas entre el 8 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025. Los valores exactos son 33.904 declaraciones y unos 12.700 millones de dólares de actividad financiera declarada; redondear a «más de 33.000» y «unos 13.000 millones de dólares» es una simplificación periodística, no un hallazgo adicional.

Esa suma no equivale al daño realmente causado. Puede incluir transacciones intentadas y ejecutadas, entradas y salidas, traspasos entre cuentas del mismo titular, declaraciones repetidas o complementarias, asientos erróneos e incluso actividad lícita en el entorno de operaciones sospechosas, tal como la propia FinCEN señala en su análisis de tendencias. Como la autoridad ordena los expedientes por fecha de presentación, los hechos subyacentes pueden haber empezado incluso mucho antes del periodo examinado. Para el lector eso significa que un volumen alto de declaraciones demuestra sobre todo que las entidades financieras detectan patrones de riesgo recurrentes. No ofrece un mapa exacto de todos los autores, las víctimas o las pérdidas efectivas.

Por qué una declaración de sospecha no es una sentencia

Una declaración de sospecha significa que una entidad sujeta a la obligación de informar comunica al organismo competente una operación en la que puede haber conocimiento, sospecha o indicios fundados de criminalidad financiera. Las declaraciones de la FinCEN son, por tanto, pistas para el análisis y la investigación, no medios de prueba y mucho menos condenas penales. Una declaración puede poner en marcha una investigación, pero después debe verificarse con pruebas adicionales antes de convertirse en una conclusión sólida.

Para situar cada titular basta una pregunta de control muy simple: ¿se trata de una declaración, de una constatación administrativa o de una resolución judicial? En explicaciones anteriores, la propia FinCEN subrayó que los Suspicious Activity Reports sirven como información de partida para las investigaciones y no como una constatación de hechos ya verificada. Los 12.700 millones de dólares no son, pues, ni un importe incautado ni un daño por fraude acreditado ante un tribunal.

Así operan las redes de fraude transfronterizas

Los centros de estafa son estructuras organizadas, a menudo transfronterizas, capaces de explotar o respaldar el fraude digital con reparto de tareas. El modelo operativo sigue con frecuencia un patrón similar, sin que de ello puedan extraerse afirmaciones generales sobre determinados grupos de autores o países: se aborda a las víctimas mediante contactos falsos o phishing, después llega la tramitación del pago y, a continuación, los fondos se derivan y se encubren a través de cuentas, carteras, proveedores de servicios o distintos ordenamientos jurídicos. Junto a las operaciones de fraude propiamente dichas, la FinCEN describe también redes de servicios auxiliares para la apertura de cuentas, el phishing y el blanqueo, así como blanqueadores profesionales.

El blanqueo designa el encubrimiento deliberado del origen de bienes obtenidos de forma ilícita. Fraude y blanqueo son ámbitos jurídicos de examen distintos, aunque se solapan a menudo en la cadena práctica de transacciones. Precisamente por eso el bloqueo de carteras aisladas surte un efecto limitado: autoridades y plataformas deben examinar además la agrupación de fondos, las transferencias a través de varias direcciones, los saltos entre servicios y las vías de retirada transfronterizas, tal como describe la FinCEN en su alerta sobre los centros de estafa. Como riesgo documentado pero no generalizable, INTERPOL informa además de que los centros de estafa pueden estar vinculados en algunos casos con la trata de personas y el trabajo forzoso de fraude en línea, algo que no cabe trasladar a cada emplazamiento ni a cada empleado.

Qué pueden aportar la prevención y los controles

La protección del consumidor a escala del sistema abarca la información, cauces de declaración comprensibles, comprobaciones basadas en el riesgo y la cooperación entre plataformas, proveedores de servicios de pago y autoridades. Los enfoques concretos de control, que no deben entenderse como asesoramiento individual de inversión ni jurídico, comprenden la vigilancia de patrones de transacción atípicos, las verificaciones de identidad y de cuenta, el examen de vías inusuales de conversión o de retirada, así como la elevación a los organismos competentes cuando las señales de riesgo son sólidas.

En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2023/1113 obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a facilitar, en determinadas transferencias de cripto, datos sobre el ordenante y el beneficiario, así como a aplicar procedimientos basados en el riesgo cuando faltan esos datos. Las anomalías pueden entonces influir en la decisión sobre una posible declaración y, según el nivel de riesgo, cabe suspender, rechazar o devolver una transferencia, tal como establece el reglamento europeo correspondiente. La prevención puede reducir riesgos y hacer visibles antes los flujos de dinero. La valoración penal, el decomiso y la persecución siguen siendo, sin embargo, tarea de las autoridades y los tribunales competentes.

Datos de la FinCEN: la lectura que se sostiene

El informe de la FinCEN sobre el fraude cripto evidencia un riesgo considerable y organizado a escala internacional. Las 33.904 declaraciones y los cerca de 12.700 millones de dólares de actividad declarada son señales de alerta relevantes, pero no una atribución jurídicamente firme de cada transacción. Estafas cripto, blanqueo y centros de estafa son piezas conectadas de una posible cadena de flujos de dinero que, aun así, conviene separar en el análisis. Una protección duradera del consumidor nace de la prevención y de procesos robustos en las plataformas; esclarecer redes complejas exige además cooperación transfronteriza e investigaciones solventes.